Día de la Constitución Española (6 de diciembre)
OBJETIVO DE LA JORNADA: Valorar la Carta Magna española como marco general de convivencia y vivencia de los valores democráticos.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: ¿UNA UTOPÍA?.
El Estado sostiene que la Constitución recoge un
conjunto de normas realistas y fácilmente aplicables a la vida cotidiana de los
ciudadanos. Estas aspiraciones moldean la forma que debería adoptar la sociedad
de un país y por tanto, inevitablemente, contienen pretensiones que podrían ser
consideradas utópicas.
Como prueba de ello, el artículo 14, que recoge que
"los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social". ¿Constitución
o utopía?
Mientras que esta pauta sirve como marco de
referencia de lo que se considera deseable para la sociedad en un futuro, es
muy genérica, y en la práctica no siempre se aplica como debería. Por ejemplo,
solo uno de cada tres ejecutivos en Europa es mujer, y suele ganar nada más que
el 75% del sueldo que ganan los hombres, según los datos difundidos por
Eurostat (la agencia estadística de la Unión).
Esta clase de incoherencias repercuten en el
bienestar de la población afectada, lo que conduce a la siguiente reflexión:
¿cómo sería la vida del español medio acorde a la Constitución?:
Salud pública y deporte.
La salud de los españoles está protegida a través
de la Constitución de 1978, de la que emana un Sistema Nacional de Salud de carácter
público y gratuito en el momento del uso. Conviene defenderla, pues está
considerado uno de los de mayor calidad y eficiencia del mundo, ya que con un
gasto menor a la media internacional atiende a gran parte de la población de
manera eficiente.
El derecho a la protección de la salud lo enuncia
la Constitución de 1978 en su artículo 43, según el cual "compete a los
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá
los derechos y deberes de todos al respecto".
Además, sostiene que "los poderes públicos
fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo
facilitarán la adecuada utilización del ocio".
Los anteriores derechos comenzaron a articularse en
los Pactos de la Moncloa. Desde finales de los 80 hasta 2013, año en que el PP
restringió el acceso a la sanidad a los inmigrantes sin papeles, ésta ha sido
universal y gratuita para todos los españoles y extranjeros residentes en
España. Las comunidades autónomas aplicaron esta reforma de manera irregular.
Vacaciones.
Otros artículos también tocan aspectos relacionados
con la protección de la salud, según recogió Manuel Jiménez de Parga y Cabrera
—antiguo presidente del Tribunal Constitucional—, en el documento La salud como
valor constitucional y sus garantías de la Universidad Rey Juan Carlos y la
oficina del Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el
artículo 40 establece que los poderes públicos "velarán por la seguridad e
higiene en el trabajo" y garantizarán "el descanso necesario,
mediante la limitación de la jornada laboral" y "las vacaciones
periódicas retribuidas". Asimismo, el artículo 28 defiende el derecho a
formar sindicatos de trabajadores y a convocar huelgas de trabajadores en
defensa de sus intereses.
Pensiones y vivienda para los ancianos.
El artículo 49, por su parte, dicta que "los
poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento,
rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran".
Respecto a la tercera edad, el artículo 50:
"Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante
la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán
sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio".
Con los consumidores... y con los intereses
económicos.
Está escrito en el artículo 51.1: "Los poderes
públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo,
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos".
Los recursos naturales.
El artículo 45 protege el derecho a "disfrutar
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona", pero
también nos obliga a los ciudadanos a conservarlo. Eso sí, la burbuja
inmobiliaria y la fiebre de la construcción podrían perfectamente haber sido declaradas
anticonstitucionales: "Los poderes públicos velarán por la utilización
racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la
calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la
indispensable solidaridad colectiva".
Y no solo eso, el artículo 45 también establece
cuál debe ser el castigo de quien actúe de forma contraria: "Para quienes
violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la
obligación de reparar el daño causado".
Vivienda digna y adecuada.
"Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada", arranca el artículo 47 de la
Constitución. Llamaron idealistas a quienes han pretendido que se cumpla
palabra por palabra, pero el artículo 47 no ha sido eliminado, sigue en nuestra
Constitución y continúa: "Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación".
Es más, según dice la Constitución: las plusvalías
de esta gestión del suelo han de quedar para beneficio de la comunidad.
Salario suficiente.
El artículo 35 de la Constitución española pretende
garantizar: "Una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y
las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por
razón de sexo".
Más cosas bonitas.
La norma fundamental compromete también al Estado a
proteger el acceso a la cultura (artículo 44), el derecho a la educación (27),
la igualdad de oportunidades —"participar de igual manera en la vida
política, económica, cultural y social" (artículo 9)— y con énfasis en la
de los jóvenes (artículo 48).
Competencias del Estado.
En esta categoría se incluye la coordinación
general, la legislación sobre productos farmacéuticos o la Sanidad Exterior y
los acuerdos internacionales, según informa el Ministerio de Sanidad en su
documento La protección de la salud en España. Mediante esos acuerdos se
colabora en el control epidemiológico, se lucha contra las enfermedades
contagiosas o se elaboran y ponen en práctica normativas internacionales.
Además, el Estado, en colaboración con las CC AA,
se ocupa de otros asuntos como el control sanitario del medioambiente y los
alimentos, la determinación de los requisitos mínimos para equipos o
instalaciones, el fomento de la calidad en el SNS o el desarrollo de su Sistema
de Información. En las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla la gestión de la
Sanidad corre a cargo del Estado Central a través del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria (Ingesa).
Competencias de las Comunidades Autónomas.
La parte de la gestión transferida a las CC. A.A.
incluye la planificación sanitaria, la salud pública y la asistencia sanitaria.
Es decir, más o menos todo lo que el usuario ve y experimenta cuando acude a su
hospital o centro de salud, a su médico de atención primaria o al especialista
al que este le derive. Todo esto se coordina, según dispone la Ley General de
Sanidad, mediante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(Cisns).
Los fallos del sistema sanitario.
"Es un derecho humano —el derecho a la salud—
sin embargo, en muchos países del mundo, también en España, muchos ciudadanos
no tienen acceso a los medicamentos, como hemos visto recientemente con el caso
de los pacientes de hepatitis C", explica Vanessa López, directora de la
fundación Salud por Derecho, que participa en la campaña No es sano. Denuncian
que a la hora de legislar "se ponen por delante los intereses de la
compañías farmacéuticas a los de los ciudadanos, en cuestiones como propiedad
intelectual o derechos comerciales".
Según Roberto Sabrido, presidente de la Asociación
por un Acceso Justo al Medicamento (también participante de la campaña No es
sano) y expresidente de la Agencia Española para la Salud Alimentaria y la
Nutrición, hace falta una mayor transparencia en los tratos que hacen las
empresas farmacéuticas con cada gobierno, que muchas veces generan beneficios
no legítimos para estas empresas, esquilman los presupuestos para la sanidad y
encarecen los productos.
"Hay en torno a 4% de la población española,
unos dos millones de personas, que no pueden pagar sus medicamentos",
explica, "muchos de ellos son pensionistas. Algunas comunidades han creado
subvenciones para intentar paliar el problema del copago".
Según señalan los expertos, el SNS perdió su
universalidad con el decreto-ley de 2012, por el cual el sistema dejaba de
atender a los inmigrantes en situación irregular. Fue el mismo decreto que
estableció el copago farmacéutico: con estos recortes, en pleno hoyo de la
crisis, se trataba de ahorrar 7,000 millones al sistema sanitario.
Por último, también gotean las opiniones y
políticas a favor de la privatización. "Hay gente que no cree en el
sistema y a veces asoma la patita", dice Sabrido, "pero tenemos un
sistema de salud con gran arraigo social, que crea cohesión, que gasta por
debajo de la media de la OCDE pero que es más eficiente que la media. Aquí la
gente no se arruina al ponerse enferma. Si se intenta desmantelar genera
reacciones como las mareas que se vieron en la Comunidad de Madrid en defensa
de la sanidad pública".
PARA AMPLIAR:
- Día de la Constitución Española.
- Noticias sobre la Constitución Española.
- Recursos educativos sobre la Constitución Española.
- Mejores recursos para trabajar la Constitución Española.
PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO:
- ¿Qué piensas de las deficiencias que el articulista detecta en la aplicación de lo que la Constitución Española apunta?.
- ¿Habría que suprimir aquellos artículos que no se están cumpliendo "por ser utópicos"?, o más bien ¿qué habría que hacer para que se llevaran a cabo?.
- ¿Quiénes tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes que se hallan redactados en la Constitución Española?.
- ¿Cómo podemos contribuir a ello la ciudadanía y nosotros mismos desde el ámbito docente?.
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